La policía nacional, junto con la Agencia Tributaria, ha desmantelado 10 plantaciones de marihuana y confiscado 1.642 plantas a punto de ser cosechadas y distribuido en el sur de Francia y Cataluña. En la operación ha detenido a diez personas en una operación conjunta realizada en la provincia de Girona. La operación, denominada «Banyo», comenzó hace un año y ha estado en la final con dos importantes operativos. La primera operación se llevó a cabo el 18 de enero en varias poblaciones cerca de Figueres, con ocho registros en las casas y almacenes con la detención de tres personas que se encargaban del mantenimiento de las plantaciones. Al día siguiente fue detenido el jefe de la organización. En la segunda operación, ha habido seis registros en la localidad de Sant Miquel de Fluvia, Girona, donde encuentra la mayoría de las plantaciones controlada por la misma familia. Operando en este último ha sido detenida cuatro personas.
Este grupo estaba comprando casas, dentro de un radio de 300 metros de la casa donde vivía, para tenerlos todos comprobado. Estas casas fueron protegidas en algunos casos con «guardadors» y otros con perros, que tuvo que ser atado para arriba durante la intervención de la policía debido a su peligrosidad. El grupo familiar ejerce fuertes medidas de presión sobre los habitantes de la ciudad para evitar informes contra él.
Cortes en el suministro de electricidad
En todas las plantaciones suministrará sostreia el poder de la red. Tan alto era el consumo de equipos de refrigeración e iluminación de estas plantaciones dentro a Sant Miquel de Fluvià fueron habituales cortes de luz. Además, hemos intervenido 8.200 euros por la venta de marihuana, así como una pistola y dos revólveres que son miembros de la organización está escondido a los hogares para defenderse contra posibles robos que son comunes entre las organizaciones. En la vigilancia de aduanas funcionamiento final unidades han participado en la agencia tributaria en Cataluña, Navarra y Aragón, de la brigada de Policía Judicial Provincial de, crimen organizado grupo de la Policía Judicial de Lloret de Mar y Figueres y policía unidades de intervención en la UIP, anotando un total de 50 funcionarios.
Todos los detenidos han pasado a disposición judicial y han sido acusados de delitos de organización criminal, tráfico de drogas, posesión ilegal de armas de fuego y robo de fluido eléctrico.
