El Consell de l’Advocacía Catalana rechaza el plan de urgencia que quiere poner en marcha el Consejo General del Poder Judicial en relación a los litigantes por las cláusulas suelo y los gastos de formalización de hipotecas, que deberán concentrarse en un único juzgado provincial. Esta medida, afirma el órgano que representa los catorce colegios de abogados catalanes, provocará un colapso que perjudicará al ciudadano, que tendrá que desplazarse a este juzgado único para reclamar sus derechos.
La medida alternativa que proponen los abogados se basa en especializar en la materia a algunos juzgados comarcales y reforzarlos adecuadamente para que se pueda tramitar en un plazo de tiempo razonable la avalancha de demandas que se prevé por estos conceptos. El Consell de l’Advocacía Catalana quiere que se respete «siempre el principio esencial de proximidad de la justicia al ciudadano», que con esta medida que quiere poner en marcha el CGPJ no se cumpliría. Lo que quiere mostrar la abogacía es que un perjudicado de Blanes, por ejemplo, debería desplazarse a Barcelona, o uno de Tortosa debería hacerlo en Tarragona, para defender sus derechos, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero empleado en desplazamientos.
