El Poder Judicial impide que la Generalitat inspeccione los órganos judiciales

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy un informe que señala, en relación con el proyecto de la Generalitat de Cataluña denominado “Visió Justícia: sistema d’avaluació i millora contínua”, que las Comunidades Autónomas no pueden “ejercer labores o cometidos que materialmente sean actos de inspección” de los órganos judiciales, ha informado el CGPJ.

El informe, elaborado por el Gabinete Técnico del órgano de gobierno de los jueces, entiende “ajustado a derecho en su integridad” el acuerdo adoptado el pasado 30 de mayo por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con el proyecto de la Generalitat, por el que se decidió que, en tanto no fuesen autorizados –en su caso- por el CGPJ, no se permitirían los accesos a los sistemas de gestión procesal ni las actividades y visitas de inspección programadas por el Equip de Millora Contínua en varios Juzgados con sede en Cataluña.

El texto aprobado por la Comisión Permanente afirma que el artículo 122.2 de la Constitución, ubicado en el Título VI, relativo al Poder Judicial, “atribuye de modo inequívoco al Consejo la inspección”; y añade que la doctrina constitucional ha establecido que, frente al “núcleo esencial” de lo que debe entenderse por Administración de Justicia, existe un conjunto de medios personales y materiales que no se integra en él, sino que se coloca al servicio de la Administración de Justicia y “en cuanto no resultan elemento esencial de la función jurisdiccional y del autogobierno del Poder Judicial, cabe aceptar que las Comunidades Autónomas asuman competencias sobre esos medios personales y materiales”.

“Por ello, respetando el marco competencial del Estado, que en lo que a la actividad de inspección de Juzgados y Tribunales resulta atribuida al Consejo General del Poder Judicial (…), no es posible que servicios, unidades o equipos dependientes del Departament de Justícia de la Generalitat de Cataluña lleven a cabo actuaciones que, más allá de su denominación, signifiquen el ejercicio material de una función inspectora de Juzgados y Tribunales”, concluye el informe.

 

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