El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España a indemnizar a cinco cajeras de Barcelona acusadas de robo

Las demandantes fueron despedidas sobre la base de las imágenes grabadas por la cámara, que alegaron que se había obtenido violando su derecho a la privacidad. Cobrarán 4.500 euros de indemnización, según una sentencia conocida hoy.

Una sentencia hecha pública hoy por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, condena a España por no proteger la privacidad de cinco cajeras de un supermercado de Barcelona que fueron despedidas en 2009 tras ser grabadas por una cámara oculta, cuya existencia desconocían, mientras robaban productos, por lo que obliga a indemnizarlas para reparar el daño moral sufrido, informó hoy el alto tribunal europeo.

I.L.R., M.A.G.G., M.C.R.B., P.S.A y C.I.P.B, las cinco demandantes, residentes en las localidades barcelonesas de Sant Celoni y Sant Pere de Vilamajor- deberán recibir 4.000 euros por daños morales y entre 500 y 568,86 euros por gastos y costas, según especifica el escrito legal. La sentencia considera que esa «videovigilancia encubierta» de las cajeras viola el  artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque perfila que no se violó el artículo 6.1 que hace referencia a tener un juicio justo.

El caso se refería a la videovigilancia encubierta de las empleadas de una cadena de supermercados de Barcelona, después de que surgiesen sospechas de que robaban en el establecimiento. Las demandantes fueron despedidas sobre la base de las imágenes grabadas por la cámara, que alegaron que se había obtenido violando su derecho a la privacidad. Los tribunales españoles aceptaron las grabaciones como evidencia y confirmaron las decisiones de despido.

El TEDH, en particular, constató que según la legislación española sobre protección de datos, las solicitantes deberían han sido informadas de que estaban siendo vigiladas, algo que no se produjo. Los derechos del empleador podría haber sido salvaguardados por otros medios, afirma la sentencia, que añade que  los tribunales españoles no habían logrado el
equilibrio entre el derecho a la privacidad y los derechos de propiedad de los propietarios del supermercado. Sin embargo, el Tribunal consideró que el proceso en su totalidad había sido justo porque el material de video no fue la única prueba en la que se basaron los tribunales nacionales cuando confirmaron las decisiones de despido
y los solicitantes habían podido impugnar las grabaciones en la corte.

Las demandantes fueron informadas en febrero de 2009 de unas pérdidas en existencias de entre 7.780 y 24.614 euros al mes por los responsables de un establecimiento de la cadena familiar de supermercados identificada como M.S.A.. Por ello, el 15 de junio de 2009 se instalaron cámaras de vigilancia para controlar la entrada y salida del local, con el conocimiento de los empleados, y otras ocultas para descubrir los posibles robos de los empleados en el área de las cajas.

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