El Supremo condena a Gas Natural a pagar 2,1 millones de euros a afectados por la explosión que causó 5 muertos en la Rambla Nova

Imagen actual de la casa derrumbada a consecuencia de la explosión de 2005. / GM

El Tribunal Supremo, ha condenado a Gas Natural a abonar indemnizaciones por importe total de 2,1 millones de euros (1,6 millones de ellos de forma solidaria con Mapfre, que era su aseguradora) a afectados por explosión de gas registrada el 10 de noviembre de 2005 en un edificio de Tarragona, que causó 5 muertos (4 de ellos de la misma familia) y lesiones de consideración a un viandante sobre el cual impactaron varios cascotes del inmueble, según informa prensa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Tres hermanos, dos niños de 3 y 5 años y un bebé de un mes y medio de edad, y su madre, una doctora de 37 años, fallecieron tras la explosión de gas registrada en el edificio. En el suceso también perdió la vida un profesor de 47 años, vecino del inmueble, cuyo cadáver fue recuperado de entre los escombros tras horas de búsqueda.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia estimando los recursos de infracción procesal y de casación interpuestos por los perjudicados por un siniestro que tuvo lugar en Tarragona en el año 2005, debido a una acumulación de gas en una vivienda, que causó el fallecimiento de cinco personas, cuatro de ellas de la misma familia-, lesiones a un viandante a consecuencia de los cascotes que cayeron por la explosión y daños materiales en tres vehículos.
Tanto la sentencia de primera instancia como la dictada por la Audiencia de Tarragona habían estimado parcialmente las demandas, exonerando a Gas Natural y a su aseguradora, porque no se había acreditado ni que la fuga de gas se debiera a un defecto de instalación que la compañía hubiera debido detectar ni que, de haberse realizado la revisión reglamentariamente prevista, la explosión no se hubiese producido.

La Sala Primera estima el recurso extraordinario por infracción procesal, por cuanto la conclusión de la sentencia recurrida en el sentido de que «no ha quedado tampoco demostrado que de haberse realizado la revisión reglamentariamente prevista la explosión no se hubiese producido», contradice el principio de la carga probatoria, trasladándola a quien carece de medios para probar lo contrario, además de no tener en cuenta el principio de responsabilidad por riesgo, el cual, si bien no es de carácter plenamente objetivo -salvo los casos en que así venga establecido por ley-, produce precisamente el efecto de obligar a quien presta el servicio generador del riesgo a acreditar el verdadero origen del siniestro.
Al resolver el recurso de casación, la sala, tras apuntar que existen determinados supuestos de explosiones de gas donde la jurisprudencia no ha aplicado la doctrina del riesgo, puntualiza que se trataba supuestos distintos al presente, donde existe total incertidumbre sobre la causa o causas del siniestro; ello implica que no puede quedar exonerada de responsabilidad la suministradora y su aseguradora, cuando aquélla era quien contaba con los medios y conocimientos adecuados para dar certeza sobre tales causas y no lo ha hecho, según viene a reconocer la propia sentencia recurrida.

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