El Poder Judicial pide información a la Audiencia y al Gobierno de Navarra sobre el acceso irregular al expediente de La Manada que permitió saber la identidad de la víctima

Palacio del Gobierno de Navarra.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy pedir a la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra que informe de cuándo y cómo tuvo conocimiento de que se había producido un acceso indebido a la sentencia de La Manada y qué medidas se adoptaron. También solicita al Gobierno de Navarra información sobre los contenidos concretos de la formación sobre el expediente judicial electrónico y, concretamente, sobre el Código Seguro de Verificación (CSV), que fue impartida a los miembros de la Carrera Judicial y letrados de la Administración de Justicia en esa Comunidad y solicitará la entrega de los materiales formativos.

El CGPJ ha acordado dirigirse al Gobierno de Navarra para conocer con qué medidas de seguridad cuenta la Sede Judicial Electrónica para acceder al contenido íntegro de las resoluciones judiciales y si se ha adoptado alguna adicional en vista de lo ocurrido. El CGPJ también requerirá al Gobierno navarro para que le informe de si ha podido acreditar qué documentos concretos se descargaron desde el servidor web entre los días 26 de abril y 8 de mayo, fecha en la que se tuvo conocimiento de la filtración de datos personales de la víctima en el proceso judicial seguido ante la Sección Segunda.

También determinará si se había producido una vulneración de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal en relación con la sentencia 38/2018 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, notificada el pasado 26 de abril.

Los miembros de la Comisión Permanente consideran que, antes de adoptar una decisión sobre el posible funcionamiento regular o irregular en materia de protección de datos, es necesario recabar más información sobre los aspectos contemplados en las diligencias informativas, cuyo informe provisional de conclusiones aprecia “un funcionamiento irregular en materia de protección de datos” por parte de la letrada de la Administración de Justicia de la citada Sección.

 

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