Una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura obliga al ayuntamiento de la localidad pacense de Calamonte a readmitir a un agente de la Policía Local que fue condenado por cometer un atraco. El fallo anula una sentencia contenciosa anterior del juzgado de Mérida que avalaba el despido del policía, que recurrió la decisión judicial.
Juan Francisco G.G. fue despedido basándose en el Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que indica que debe sancionarse con la separación del servicio quien cometa una infracción muy grave. La sentencia alega que el Ayuntamiento debería haber tramitado el procedimiento en mayo de 2013 «lo que no hizo, permaneciendo pasivo durante casi tres años, pasividad que también mantuvo cuando no se personó en la causa penal, como hubiera sido deseable dadas las circunstancias del delito». Resumiendo, que el procedimiento disciplinario se inicia el 7 de junio de 2017, cuando el caso ya estaba prescrita la infracción muy grave. Los magistrados alegan que un caso tan grave como que un policía cometiese un atraco estando de servicio debería estar informada debidamente del juicio, la sentencia penal y el recurso presentada contra ésta.
El tribunal considera también que debe respetarse la antigüedad, servicio activo y económicos del policía, que deberá recibir las retribuciones dejadas de percibir durante el tiempo que se le ha negado el acceso a su plaza (descontando las que haya percibido en otros trabajos durante ese tiempo, incluso la prestación por desempleo).
