La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado este martes una funcionaria de justicia por un delito de coacciones y otro de falsedad en documento oficial en asediar un antiguo contacto de Facebook con llamadas y requerimientos judiciales que ella misma falsificaba. La mujer ha aceptado la pena, que no conllevará el ingreso en prisión, después de que la fiscalía haya rebajado las peticiones por las atenuantes de reparación del daño y alteración psicológica.
Los hechos ocurrieron en Barcelona y Valls entre los años 2013 y 2016. Según el escrito inicial de la fiscalía, la acusada, Helena VR, conoció en 2013 a la víctima por internet y mantuvieron el contacto unos meses en través de mensajes por internet y por teléfono, en persona, hasta que el perjudicado puso fin a la relación, lo que molestó la procesada. De forma intermitente, durante el periodo indicado, la acusada efectuó numerosas llamadas, hasta 15 en un día, en el teléfono del trabajo de la víctima o en su móvil, desde su propio teléfono móvil o desde el teléfono de su trabajo , sobre todo entre octubre de 2015 y febrero de 2016. La acusada trabajaba como interina en un juzgado penal de Barcelona.
En 2015, aprovechándose de su función como funcionaria interina en un juzgado, lo que le permitía el acceso al sistema informático de gestión procesal de los juzgados (Temis), elaboró dos autos falsas de diferentes juzgados por los que reabría un supuesto procedimiento de diligencias previas por amenazas y vejaciones contra la víctima, incorporando en ambas autos un sello simulando ser el letrado de la Administración de Justicia de cada uno de los juzgados. En 2016 elaboró informáticamente una diligencia de ordenación en una ejecutoria del propio juzgado en el que trabajaba, simulando ser el letrado de la administración de justicia, por la que se acordó entregar oficio a la Jefatura Superior de Policía Nacional para que procedieran a averiguar el domicilio o localización de la víctima.
Además, en diciembre de 2016 la acusada acudió al pub que regentaba la víctima, en Valls, que cuando la vio llamó los Mossos. Los agentes, tras identificar a las partes, constataron que estaba activado la averiguación de domicilio y citación de la víctima por lo que procedieron a citar para que compareciera ante el juzgado. El hombre tuvo que ir al juzgado donde trabajaba la acusada, que le atendió. Finalmente, en enero de 2017, un juzgado de Barcelona dictó una orden de alejamiento de la acusada respecto a la víctima y la prohibición de ponerse en contacto por cualquier medio.
La fiscal pedía inicialmente nueve años de prisión en total, pero finalmente ha rebajado la pena teniendo en cuenta las atenuantes de reparación del daño y de alteración psíquica, rebaja que ha sido aceptada por la acusada. La pena concreta, sin embargo, ha sido leída de manera muy rápida y poco inteligible por el presidente del tribunal.
