ACN Tarragona.-asociación Jucil (Justicia para la Guardia Civil) asegura que entre un 15 y un 20% de la plantilla de este cuerpo en Cataluña ha ido a otras zonas de España por problemas de » convivencia «derivados del 1-O. Según el secretario provincial de Jucil en Tarragona, Roberto Sánchez, esta es la tónica que se ha dado en los movimientos oficiales de personal del último año y medio. Además, según Jucil también «viene menos gente» del resto del Estado en Cataluña y los movimientos internos han hecho que haya zonas de Girona «que se quedan sin cubrir». La asociación nació en agosto pasado a raíz del movimiento Jusapol y comparte la reivindicación de lograr una equiparación salarial «real» con los Mossos y Ertzaintza.
Según el representante de Jucil en Tarragona, Roberto Sánchez, pueden haber ido de Cataluña entre un 15 y un 20% de agentes de la Guardia Civil. «La idea de muchos es irse porque después del 1-O las circunstancias familiares y de convivencia en los pueblos es muy difícil y lo primero que plantean es marchar. Hemos pasado de gente que quería vivir aquí toda la vida a pedir el traslado «, explicó.
Por su parte, el secretario general de Jucil, Cristian Eric Marco, ha dicho que Cataluña es una zona «conflictiva» por la división existente «entre familias y amigos» a raíz del proceso independentista. «Muchas veces los compañeros quieren marchar hacia otros destinos y hay que cambiarlo. Es necesario que se sientan a gusto en el ciudad donde trabajan para que así harán el trabajo con total profesionalidad, será beneficioso para la ciudadanía y, además, porque Cataluña es España «, sentenció.
El representante de Jucil en España ha presentado la hoja de ruta de la asociación a los medios este martes en Tarragona y, posteriormente, se ha reunido con varios efectivos de la comandancia de la Guardia Civil en la ciudad. Este miércoles se presentará en Sant Andreu de la Barca. La organización tiene unos 60 asociados a la demarcación de Tarragona y unos 7.600 en todo el Estado, donde ya es la segunda asociación por detrás de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), según ha destacado Marco.
Jucil denuncia que el año pasado los principales sindicatos de la policía española y la Guardia Civil firmaron una «falsa equiparación» salarial con el gobierno del PP que excluye los beneficios salariales a 13.481 guardias civiles de segunda actividad y reserva. Además, la organización critica que el acuerdo no resuelva las brechas existentes en relación a las pagas y servicios extraordinarios, las asistencias a juicios, los complementos y las jubilaciones. Según Jucil, mientras un mozo se jubila con una paga de unos 2.200 euros, un guardia civil sólo recibe 1.350.
La organización también reclama una reestructuración de los puestos de trabajo, más medios materiales y personales -como chalecos antibalas para todos los efectivos- y la derogación del código penal militar. Además, Jucil también exige medidas a la administración para combatir la elevada tasa de suicidios entre el colectivo -según el ente, hay uno cada 26 días- y que todas las comandancias dispongan de un armero donde se puedan depositar las pistolas reglamentarias con seguridad.
Por otra parte, la asociación reclama «igualdad de derechos» entre los guardias civiles y los agentes de los Mossos. Marco ha tachado de «desproporcionado» el expediente abierto contra un Guardia Civil para grabar un vídeo durante el traslado de los líderes políticos encarcelados de Cataluña hacia Madrid y se ha quejado de que, por el contrario, no haya habido consecuencias para los Mossos que durante el referéndum «estuvieron ayudando a los independentistas» y «quieren romper el orden constitucional».
