ACN Barcelona.-Los menores identificados por el Servicio Jesuita de Migrantes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca durante el 2018 fueron 42, un 27% de las 156 personas que visitaron. En 2017 se habían identificado 44, un 21% de las 208 personas visitadas. Uno de los autores del informe anual de los CIE, Josep Buades, ha denunciado que el Ministerio Fiscal «no hace caso» de la documentación presentada por los menores que no tenga fotografía, y reclamó que se acepten otras pruebas de reconocimiento del edad. Otro de los autores del informe, Jose Javier Ordoñez, ha denunciado «deficiencias en los procedimientos de determinación de la edad de los jóvenes» y que se han encontrado «muchas personas indefensas» jurídicamente. El documento también critica la discriminación de origen para que dos tercios de las personas internadas en los CIE provienen de Marruecos o Argelia. El informe se basa en 807 visitas a personas que están en los CIE de Zona Franca, Madrid, Valencia, Algeciras y Tarifa.
El informe de 2018 denuncia la discriminación de origen que revelan las cifras de internamiento por nacionalidad, ya que durante el año 2018, dos tercios del total de las personas internadas en los CIE son de Marruecos o Argelia. El año 2018 se registraron 7.855 internamientos en los CIE, de los cuales 2.801 corresponden a personas de nacionalidad marroquí (el 36% de las personas internadas) y 2.511 de nacionalidad argelina (32%). «La extraordinaria concentración de personas internadas originarias de sólo dos países es un fenómeno muy preocupante», advirtieron. En cuanto al CIE de la Zona Franca, las personas internadas de Argelia y Marruecos pasaron de ser el 60,1% de las visitas del 2017, el 66,7% de de 2018. En cifras absolutas, en 2017 fueron 125 de las 208 visitas y en 2018 fueron 104 de las 156 atendidas.
El informe apunta que el Defensor del Pueblo y las ONG han observado el diferente trato que reciben las personas magrebíes en comparación con las de otros orígenes después de su desembarco. Las primeras pasan hasta 72 horas detenidas en comisarías de policía mientras se realizan los trámites de identificación; las de otros orígenes lo hacen en los Centros de Acogida Temporal de Extranjeros; las primeras no gozan de recursos de acogida humanitaria alternativos al CIE o posteriores a su puesta en libertad, salvo excepciones como las mujeres embarazadas; y las segundas reciben un tratamiento humanitario mejorable, pero más positivo que el internamiento en el CIE, apuntan.
La ausencia de intérpretes, principal crítica al CIE de la Zona Franca
De los 156 internos visitados en el CIE de la Zona Franca 92 no tenían familiares o amigos que los pudieran visitar, 76 tenían barreras lingüísticas para comunicarse, 18 manifestaban sufrir problemas físicos y 4 trastornos o enfermedades mentales, 9 tenían miedo de sufrir malos tratos si eran devueltos a su país de origen y 2 se sentían vulnerables por motivo de identidad de género. También se encontraron casos de internamiento y posible repatriación de personas en situación de arraigo, ya que se trataba de personas con pareja registrada en España o con hijos menores a cargo. En sus visitas, los voluntarios y voluntarias de Migra Studium identificaron 42 posibles menores. Al CIE de Barcelona durante este año se han reconocido oficialmente sólo 20 menores.
La mayor parte de las quejas referidas por las personas visitadas y observadas por los voluntarios se refieren a la ausencia de intérpretes, las restricciones a las comunicaciones, tratos intimidatorios o incluso agresiones físicas, atención médica y social insuficiente o dificultades para comprender la su situación jurídica y acceder al Servicio de Orientación jurídica (SOJ). Son quejas y vulneraciones de derechos que se vienen repitiendo en todos los informes elaborados por SJM durante los últimos años. Ante esta situación reclaman implantar servicios de orientación jurídica a todos los CIE, disponer de interpretación a las lenguas efectivamente habladas por los internos, revertir la política de reconocimiento de personas menores de edad y resolver con máxima profesionalidad las situaciones de crisis que se producen puntualmente. El informe apunta, sin embargo, que el objetivo final debería ser «el cierre definitivo de los CIE».
