¡Visto para sentencia!

Foto: Moisés Peñalver
Paco Zapater

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Con la frase de rigor “¡visto para sentencia!”, el juez Marchena ponía fin, este miércoles, al juicio del procés. Atrás quedan cuatro meses de juicio con 52 sesiones maratonianas, 422 testigos, decenas de vídeos, miles de folios, los informes de las partes y la última palabra de los acusados.

Ha sido un proceso que pasará a la historia y sus distintas facetas se estudiarán en las facultades de derecho. Y no solo en las aulas de derecho penal y procesal, también en las de internacional, como durante años sucedió con la quiebra de la Barcelona Traction. En el futuro los profesionales del derecho invocarán sus pasajes como precedentes a tener en cuenta en otros procesos. Y es que, la verdad, el juicio del procés ha sido, para muchos –operadores jurídicos o no- un máster en derecho penal y procesal.

Cierto es que todavía queda Estrasburgo, un camino muy interesante, y más tras dos resoluciones recién salidas del horno del Tribunal de Derechos Humanos: la que rechaza la demanda de Carme Forcadell contra su prisión provisional, y la que desestima la de 74 diputados indepes del Parlament por la suspensión del pleno en el que iba a declararse la independencia. Y es que en esta última se crea una suerte de legítima defensa de la sociedad democrática para “el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos”. Un precedente de suma importancia si tenemos en cuenta que todavía quedan por resolver varias demandas del procés y las quejas derivadas del proceso penal, a las que, por coherencia, el TEDH aplicará la misma doctrina.

Volviendo al juicio del procés, dos son las incógnitas a despejar por el Supremo: ¿cuándo dictará sentencia y cuál será su contenido?

Tengo la intuición de que la sentencia saldrá en los últimos días de julio. Afino un poco más: el 31 de julio. ¿Por qué?, para aprovechar el mes de agosto como sordina al impacto mediático que sin duda tendrá. Cierto que mes y medio parece poco tiempo para una sentencia de tal enjundia. Pero no lo es menos que el tribunal ha tenido cuatro meses para formarse criterio, durante los cuales los magistrados han ido comentando sobre la marcha, y que su redactor, Marchena, tiene muy interiorizado el caso, iba tomando notas en su inseparable portátil y es un juez con mucha capacidad y determinación. Si no se dicta antes de vacaciones, la sentencia se notificará entre el 1 de septiembre y el 16 de octubre, fecha ésta en que los Jordis cumplen dos años de cárcel, plazo máximo de la prisión provisional, que obligaría a prorrogarla o a decretar la libertad.

¿Qué sentencia se dictará? En una primera aproximación hay que descartar la absolución, pues si el Supremo manejara esa posibilidad ya habría puesto en libertad a los acusados, como hizo la Audiencia Nacional en el caso de Sandro Rosell. Por similar razón, hay que descartar también la condena solo por la desobediencia, castigada con pena de multa e inhabilitación. Si los acusados siguen en prisión a día de hoy, hay que suponer, razonablemente, que además de por desobediencia, habrá condena por malversación de caudales públicos, rebelión o sedición. Y aquí se abren dos posibilidades: o una condena dura o una benigna.

Si el Supremo opta por el castigo bíblico, apocalíptico, ejemplar, pondrá el acento en la prevención general y especial y condenará por rebelión –aunque yo no veo por ninguna parte la violencia, su elemento esencial- o por sedición a pena superior a ocho años de prisión. Pero será un castigo injusto, desmedido, que agravará el problema y se entenderá como un escarmiento a todos los catalanes.

En cambio, si se decanta por una sentencia benigna, aún condenando por desobediencia y malversación (de 4 a 8 años de prisión) la decisión del Supremo puede abrir la puerta a la solución del conflicto y retornarlo al ámbito político, como afirmó el letrado Van den Eynde el martes en su vehemente informe final y algún otro acusado el miércoles en su última palabra. El tribunal es consciente de las consecuencias que para el país puede tener su veredicto. Y en su mano está (vía interpretación de la ley o proponiendo un indulto al Gobierno como le permite el artículo 4-3 del Código Penal) que los doce políticos juzgados pasen la próxima Navidad en casa, primera piedra para la solución. Y hay otro camino que lleva al mismo resultado: se suele cumplir solo la mitad de la pena, merced a la libertad condicional y a otros beneficios penitenciarios, de modo que si la condena es de cuatro años estaría casi cumplida. Y todo ello sin merma de la prevención general y la especial.

Al margen de la decisión del Supremo hay otra carta -un comodín, diría yo- que puede conducir al mismo resultado: la Ley de Indulto de 18 de junio de 1870, en virtud de la cual el Gobierno de Pedro Sánchez puede indultar, total o parcialmente, cualquier pena impuesta por un tribunal, una vez alcance firmeza de la sentencia, si existen “razones de justicia, equidad o utilidad pública”. Y la del procés quedará firme de inmediato al ser el Supremo la última instancia en vía penal. Y no hace falta que el indulto lo pidan los afectados. Pueden solicitarlo sus familiares, el propio Tribunal Supremo en su sentencia –en cuyo caso se suele conceder casi siempre- o cualquier ciudadano. Por ejemplo Vd. o yo, querido lector.
Pero el indulto tendría un enorme costo político para el Gobierno. Haría falta un gesto del independentismo para propiciarlo: olvidar la vía unilateral. Como dijo el fiscal Zaragoza en su informe oral, los independentistas tienen todo el derecho a defender sus ideas, incluso a tratar de cambiar el statu quo para conseguir la independencia, pero dentro del marco del ordenamiento jurídico. Como todos los demás.

Sería de desear que la conjunción de los astros (sentencia del Supremo, gobierno del PSOE, indulto, sufrimiento de muchos y cansancio de todos) propicie el trueque y que los presos pasen la Navidad en casa. Se aliviarían tensiones y quedaría un terreno abonado para tejer, en lugar de destejer, para tender puentes, en vez de destruirlos, para el diálogo y la paz social en Catalunya.

Port de Tarragona