Agentes de los Mossos, conjuntamente con efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, han llevado a cabo una investigación que ha permitido desmantelar el entramado delictivo de un clan familiar dedicado al tráfico de marihuana que operaba desde el Prat de Llobregat. A los detenidos se les imputan delitos contra la salud pública, por defraudación del fluido eléctrico, pertenencia a grupo criminal y tenencia de armas. Se trata de seis hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 22 y los 53 años, de nacionalidad española excepto en el caso de uno de los arrestados que tiene nacionalidad marroquí. Durante el dispositivo también se detuvo a una mujer que tenía una orden de detención e ingreso en prisión pendiente.
Esta investigación se generó a partir del conocimiento que la Guardia Civil tuvo de un envío de marihuana con destino a Holanda. La persona que hacía el envío se desplazaba con un vehículo que estaba siendo investigado por los Mossos por su parte y que pertenecía a uno de los líderes del clan. Por último, desde la Policía Nacional también investigaban su entorno más cercano. Esta coincidencia hizo confluir las investigaciones en marcha de los tres cuerpos policiales respecto de la actividad del clan y, por este motivo, se puso en marcha un equipo conjunto de trabajo con el objetivo de aflorar la actividad delincuencial relacionada con el narcotráfico que llevaba a cabo el clan investigado.
A partir de la inteligencia generada por los tres cuerpos policiales respecto de cómo se estructuraba, cómo se organizaba y cómo funcionaba el clan principal y las otras personas que participaban del entramado delictivo se reunió suficiente información e indicios para preparar el operativo policial dirigido a desmembrar el clan y su actividad vinculada al narcotráfico.
Un sótano excavado en uno de los inmuebles exponente de la cuidada infraestructura de la que disponían
El pasado 19 de junio se hizo el operativo policial conjunto para desarticular el grupo organizado. Se llevaron a cabo siete entradas y registro, seis en El Prat de Llobregat y una en Abrera, seis de las cuales simultáneas. Durante el registro se detuvo a siete personas, seis hombres y una mujer. Como hecho anecdótico cabe destacar que uno de los líderes del clan se había presentado a las últimas elecciones municipales bajo el paraguas de una agrupación local.
Los agentes localizaron en el interior de los domicilios tres armas de fuego cortas, una de las cuales del calibre 45, dos de simuladas, 50 cartuchos de munición, un cargador de pistola, cartuchos de guerra, una defensa eléctrica y un arma de fuego larga, desmontada y inhabilitada; 1025 plantas de marihuana, 1,016 esquejes y 24,8 kg de cogollos; cuatro vehículo, 9.900 euros en efectivo, un contador de billetes así como documentación diversa de interés para la investigación relacionada con el cultivo de las plantaciones. Las plantaciones disponían de una instalación eléctrica desde donde pinchaban la luz y alimentaban de energía las luces térmicos además de extractores y aires acondicionados.
Ante los indicios de que hubiera una plantación de marihuana en un inmueble en una calle donde ya se habían hecho tres de los registros se pidió un mandamiento judicial para llevar a cabo una séptima entrada. Una vez dentro los policías localizaron la plantación en un escondite oculto en un sótano que se había construido expresamente para tener plantaciones de marihuana. El clan había diseñado ese espacio, excavado expresamente bajo del inmueble, por lo que su entrada se ocultaba debajo de un plato de ducha de 200 kilos de peso y que se accionaba automáticamente. Habían reforzado la estructura con vigas para aguantar el peso de la infraestructura, aunque sin las preceptivas medidas de seguridad. El sótano estaba compartimentado en tres espacios de unos quince metros cuadrados y con una altura de 2,5 metros por lo que garantizaban que las plantas pudieran crecer en altura. En este último escorcollament se encontró otra arma corta de aire comprimido y una plantación interior con 710 plantas de marihuana.
Para acreditar que los arrestados tenían instalaciones eléctricas ilegales, destinadas a defraudar el fluido eléctrico, la tarea de los técnicos de la compañía suministradora fue muy importante ya que facilitaba que los agentes trabajaran en condiciones de seguridad en el momento de desmontar las instalaciones. Se trata de instalaciones clandestinas que requieren de conocimientos y formación para manipularlas sin peligro además de poner de relieve que sirven para abastecer de electricidad las plantaciones interiores que requieren de un consumo eléctrico elevado para garantizar la floración de las plantas.
Por otra parte, los técnicos también consiguen evitar el riesgo de incendio que se genera en los domicilios donde hay plantaciones, por la sobrecarga de la red que provocan este tipo de instalaciones fraudulentas. El día 21 de junio los arrestados pasaron a disposición judicial y el juez decretó prisión para tres de ellos y libertad con cargos para los otros cuatro. En estos momentos la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
