La aseguradora del doble asesino de los agentes rurales de Aspa se niega a pagar por los crímenes porque no es un hecho relacionado con la caza

El condenado por el doble asesinato en el momento en que un mosso lo esposa tras conocer el veredicto. / Laura Cortés

ACN Barcelona .- La aseguradora del cazador que mató a dos agentes rurales en Aspa (Segrià) rechaza pagar la responsabilidad civil de 300.000 que la Audiencia de Lleida le impuso por el crimen. Mussap ha defendido en el juicio de apelación celebrado este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que el momento concreto del crimen no es un acto de cazar y que por lo tanto no puede estar asegurado en la póliza. La acusación particular, representada por el abogado Pau Simarro, considera que el argumento es «absolutamente absurdo» porque «no podemos hacer un paréntesis en la vida del cazador cuando aparecen los agentes rurales y cerrarlo cuando los mata», ha explicado. Simarro defiende que el crimen es un acto doloso e intencionado y que por tanto la aseguradora se hará cargo de parte de la indemnización (que subía un millón de euros en total) y luego, si quiere, reclamarle el su importe al cazador.
Para la acusación particular, el argumento de la aseguradora es «inconsistente y sin fundamento jurídico» y por tanto, considera que el TSJC confirmará íntegramente la sentencia emitida en febrero por la Audiencia de Lleida, que ordenaba al autor del crimen, Ismale Rodríguez, a pagar una indemnización de 990.439 euros a los familiares de las víctimas y aparte de ella, unos 300.000 euros, que la asumiera la compañía aseguradora del cazador.

La sala condenó a 45 años de prisión el cazador acusado de matar a dos agentes rurales en Aspa (Segrià), el 21 de enero de 2017. El jurado popular ya le declaró culpable de asesinato con alevosía y atenuante de confesión y descartó ninguna alteración psíquica que la impidiera saber qué estaba haciendo cuando disparó. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Audiencia decidió imponer a Rodríguez 22 años de prisión por cada uno de los dos asesinatos, un año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas, ya que disparó con una escopeta para la que no tenía licencia, y 1.080 euros de multa por un delito contra la fauna.

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