El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado el recurso de apelación que había presentado la aseguradora MUSSAP contra el pago de la responsabilidad penal en el caso del doble asesinato de los guardias rurales de Aspa, informa el TSJC. La aseguradora consideraba que los hechos no se correspondían con un acto de caza, tal como consta en la póliza y que el acto doloso de disparar a personas no tenían relación con ese acto de cazar.
El TSJC considera que el condenado «estaba cazando cuando cometió los hechos que han justificado su condena y estos fueron cometidos, precisamente, con ocasión y con motivo de la actividad cinegética». Así que la compañía deberá pagar los 300.000 euros de la responsabilidad civil a las familias de las víctimas. El TSJC ha confirmado la sentencia emitida en febrero por la Audiencia de Lleida, que ordenaba al autor del crimen, Ismael Rodríguez, a pagar una indemnización de 1.061.996,19 euros a los familiares de las víctimas y que parte de ella , unos 300.000 euros, la asumiera la compañía aseguradora del cazador, Mussap.
La acusación particular, representada por el abogado Pau Simarro, ya dejó patente tras la vista hace diez días que el argumento de la aseguradora era «absolutamente absurdo» porque «no podemos hacer un paréntesis en la vida del cazador cuando aparecen los agentes rurales y cerrarlo cuando los mata «, explicó. Simarro defendía que el crimen es un acto doloso e intencionado y que por tanto la aseguradora debía hacerse cargo de parte de la indemnización (que ascendía a casi un millón de euros en total) y luego, si quiere, reclamarlo le su importe al cazador.
La sala condenó a 45 años de prisión el cazador acusado de matar a dos agentes rurales en Aspa (Segrià), el 21 de enero de 2017. El jurado popular ya le declaró culpable de asesinato con alevosía y atenuante de confesión y descartó ninguna alteración psíquica que la impidiera saber qué estaba haciendo cuando disparó. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Audiencia decidió imponer a Rodríguez 22 años de prisión por cada uno de los dos asesinatos, un año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas, ya que disparó con una escopeta para la que no tenía licencia, y 1.080 euros de multa por un delito contra la fauna.
