Abogacía, una profesión en parte nacionalizada

Paco Zapater
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La justicia gratuita es un derecho que tienen los ciudadanos de este país con ingresos no superiores a 1.800 euros al mes o, lo que es lo mismo, el doble del salario mínimo interprofesional. Se evita así la indefensión del ciudadano sin medios para litigar, pues se le coloca en un plano de igualdad -en su vertiente de igualdad de armas- con su adversario procesal. El servicio lo prestan los abogados de oficio –algo más de cuarenta mil-, que reciben del Estado una módica cantidad por su trabajo. También los procuradores hacen turno de oficio.

Hay que descubrirse ante el Gobierno –el de Felipe González- que en 1996 fijó ese techo de 1.800 euros de ingresos al mes para tener justicia gratuita. ¡De chapeau! Se buscaba un servicio de fuerte contenido social y por los abogados se asumió de buen grado. Y es que antes que abogados somos ciudadanos, y nos alegra que todos, ricos y pobres, tengan acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Se da la circunstancia, sin embargo, que la mayor parte de los ciudadanos de este país tienen unos ingresos que no superan esa cantidad. Lo que implica, de facto, que la mayoría de los ciudadanos tienen derecho a justicia gratuita.

Según informe del Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, durante el año 2018 el número de abogados que se dedicaron a la justicia gratuita en España fue de 41.130, es decir, uno de cada tres. Atendieron 1.890.250 asuntos y el Estado les pagó 249 millones de euros, lo que supone una retribución media por expediente de 142,29 euros brutos. De ahí el letrado debe descontar el costo de todas las infraestructuras que necesita para el ejercicio de la profesión (alquiler –o hipoteca- del despacho, secretaria, mobiliario…), material (papel, fotocopias…), aparatos para facilitar la comunicación (teléfono, fax…) e impuestos. Y sin contar el costo indirecto que para un letrado supone la gestión y organización de la justicia gratuita que realiza su colegio.

Con ese escenario, ¿quién debería costear la justicia gratuita? La respuesta parece obvia: la sociedad en su conjunto. Pero, ¿imaginan el costo que tendría para el Estado prestar directamente el turno de oficio con más de 41.000 abogados en nómina y las correspondientes infraestructuras? Una cifra mareante y casi inasumible, la verdad.
La realidad es otra, pues, como se ha dicho, una parte no menor de la carga del turno de oficio la soportan los abogados -y sus compañeros de infierno, los procuradores-, que asumen la defensa de casi dos millones de usuarios al año por unas cantidades irrisorias. No es necesario cavilar mucho para darse cuenta de que los 142,29 euros de media por caso –y un caso puede durar años-, muchas veces no dan ni tan siquiera para cubrir los gastos, razón por la cual podemos concluir que el abogado –y por extensión el procurador- hace el turno de oficio prácticamente gratis… o incluso perdiendo dinero.

Y esta carga, soportada desde hace décadas, no se extiende en la misma medida a otros colectivos profesionales como constructores, arquitectos, panaderos, médicos o maestros, pese a que tan importante es para el ciudadano el acceso a la justicia, como el acceso a la vivienda, al pan, a la sanidad o a la educación. Y yo no veo constructores ni arquitectos de oficio por ninguna parte. Ni panaderos. Ni profesores. Ni médicos.

Visto con perspectiva histórica hay que concluir que el techo de 1.800 € que fijó la Ley de Justicia Gratuita en 1996 fue, de facto, una nacionalización parcial y encubierta de la abogacía, sin justiprecio y sin una indemnización equitativa. Una carga de profundidad en la línea de flotación de la economía de los abogados, pues se “sacaron” del mercado casi dos millones de asuntos –muchos de los cuales habrían ido a un letrado particular si el techo de la gratuidad no hubiera sido tan alto-, y a la vez se les obliga a defenderlos de oficio por un precio vil. Y no hubo protesta. Al contrario, nos situamos en la contradicción de defender y reivindicar a capa y espada los derechos de los ciudadanos, pero haciendo dejación de los nuestros. En casa del herrero… Y la situación, tras dos décadas largas, está consolidada.

No criticamos que el derecho a la justicia tenga un techo tan alto. Lo que nos parece mal es que esa carga recaiga sobre todo en el abogado, en lugar de soportarla la sociedad en su conjunto, y que no exista un gravamen equivalente para otras profesiones.

De otro lado, la gratuidad de la justicia produce algún que otro efecto perverso, por abuso de derecho. Como el ciudadano que la utiliza para reclamar cantidades insignificantes e incluso inferiores al coste del servicio para el Estado. O el que pide abogado de oficio decenas de veces a lo largo de su vida. O cuando se emplea la gratuidad para iniciar acciones insostenibles por si suena la flauta. Y, si no suena, nada se arriesga, pues paga el Estado, es decir, todos. Esas conductas son egoístas en la medida que anteponen el bien particular al general.
Como premio de consolación a los abogados nos queda presumir de que prestamos el turno de oficio como servicio público a la sociedad, una función social que antaño, cuando el número de casos de oficio era pequeño, lo hacíamos incluso de forma gratuita. Además, es una escuela de aprendizaje, sobre todo para los que empiezan, y que ayuda un poco a fer bullir l’olla, como diríamos en catalán.

Sirvan estas líneas como tema de reflexión para estos días de canícula. Y para tomar conciencia de que un nuevo oxímoron nació con la Ley de Justicia Gratuita: la abogacía como profesión liberal parcialmente nacionalizada.

Y así vamos.

Port de Tarragona