La abogacía, profesión concernida por la Ley de la Arquitectura

La Llei de l’Arquitectura aprobada por el Parlament de Cataluña el 28 de junio de 2017 atribuye a la creación arquitectónica la condición de interés público. Hace esta declaración invocando las reflexiones de la Directiva 2005/36 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, según la cual «la creación arquitectónica, la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los paisajes naturales y urbanos, así como del patrimonio colectivo y privado, revisten un interés público ».

La arquitectura es el resultado del proceso de proyectar, dirigir, construir, rehabilitar y mantener los edificios y los espacios públicos urbanos en los que se desarrolla la actividad humana; edificios y espacios que deben haber sido previamente habilitados por medio de la gestión y la ejecución de las previsiones de la planificación urbanística.

La planificación urbanística incide decisivamente en la arquitectura en la medida que configura la disposición, la funcionalidad y las características de las construcciones y los espacios públicos urbanos. El urbanismo cuida la armonía entre los asentamientos y el medio en el que las actividades humanas se desarrollan. Como los espacios urbanos son, a su vez, el resultado de los procesos de gestión y ejecución del planeamiento urbanístico, las tareas de planificación física deben integrarse adecuadamente con las de planificación económica y ambiental. Esta complejidad hace imprescindible que en los procesos urbanísticos confluyan profesionales de diversas especialidades.

Los valores que determinan el interés público de la arquitectura son, según la ley aprobada recientemente por el Parlament de Cataluña, los siguientes:

a) La idoneidad y la calidad técnica de las construcciones para acoger los usos previstos y, en su caso, admitir capacidades funcionales más amplias o poderse adaptar durante todo su ciclo de vida, así como la idoneidad de su mantenimiento.
b) La mejora de la calidad de vida de las personas, procurando por su bienestar y confort en un entorno seguro y accesible.
c) La contribución a la cohesión social y la mejor relación de los ciudadanos con su dimensión artística y cultural.
d) La adecuación al entorno y el paisaje de los asentamientos urbanos o de los espacios abiertos.
e) La sostenibilidad en las vertientes medioambiental, económico y social, y el compromiso colectivo con la eficacia energética de los edificios y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
f) La belleza, el interés artístico y su aportación al debate cultural

La Llei de l’Arquitectura reconoce expresamente que, para satisfacer las finalidades del proceso arquitectónico, urbanístico y paisajístico, tanto la arquitectura como el urbanismo requieren la participación y la colaboración de profesionales de disciplinas diversas, algunas de las cuales relaciona el preámbulo de la ley: la arquitectura, la arquitectura técnica, las ingenierías, las ingenierías técnicas, la sociología, la ecología, la economía, la geografía y la abogacía.

Así pues, la abogacía es una de las profesiones que está llamada a participar de manera decisiva en el proceso de configuración de los espacios donde se desarrolla la vida social, al lado y en colaboración con las otras disciplinas profesionales, para conseguir que la arquitectura y el urbanismo cumplan las finalidades de interés público que la ley les asigna.

Isabel Baixeras Delclòs

Abogada – Reus

Port de Tarragona