Un vecino de Madrid multado con 600 euros por poner lazos amarillos, según Madrileños por el Derecho a Decidir

Consideran que se censura la acción porque "rompe el relato que nadie más en el país se solidariza con el proceso catalán"

Imagen tomada en septiembre de 2017 en un acto de apoyo a los presos independentistas en un teatro de Madrid.

ACN Madrid .- Un vecino de Madrid ha sido multado con 601 euros por poner lazos amarillos en el distrito madrileño de Carabanchel, según la entidad Madrileños por el Derecho a Decidir. Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2018, cuando tres personas, dos de ellas jubiladas, colgaban el símbolo en defensa de los políticos independentistas presos para recordar que llevaban cerrados cerca de un año y fueron identificados por la policía. Tras recordar que la Fiscal General del Estado había declarado poco antes de que quitar o poner lazos amarillos no era delito, la agrupación lamenta que en Madrid «no se permite» porque, a su juicio, «rompe el relato que nadie más todo el país se solidariza con el proceso catalán, apoyar su derecho a decidir y protestante legítimamente ante el encarcelamiento de sus líderes «.
Según el relato que hace la entidad, mientras las tres personas colgaban lazos aparecieron una veintena de agentes de la Policía Nacional, algunos de paisano, que bajaron de ocho vehículos para identificarlas. Algunos agentes sacaron los lazos y otros pidieron la documentación a los tres identificados. Más tarde, cuando los la volvieron, a uno de ellos le entregaron también un acta de denuncia donde se especificaba que se había negado a darla. La entidad niega este extremo.

Madrileños por el derecho a decidir añade que pasaron meses sin que el denunciado recibiese ninguna notificación por correo del inicio del expediente sancionador. Este trámite, subraya, le habría permitido presentar alegaciones.

En junio pasado recibió la notificación de resolución que le imponía la sanción de 601 euros por «desobediencia a unos agentes y negarse en reiteradas ocasiones a entregar la documentación cuando le fue requerido».

La entidad considera esta afirmación «falsa y ridícula», así como de una «excusa» ante la «decepción» por el «resultado miserable» de una operación policial llevada a cabo con un despliegue «desproporcionado».

Finalmente, la entidad lamenta que se trata «de un caso más» de la aplicación de la Ley Mordaza «con la que pretenden silenciar cualquier voz disidente».

Port de Tarragona