Indulto, amnistía o reforma del Código Penal: planteamientos para encarar una sentencia condenatoria

El indulto es el perdón individual de la pena por parte del gobierno español; la amnistía anularía el delito para todos los acusados y reformar el Código Penal podría revocar la condena

EFE

Andrea Zamorano.– Madrid

Indulto, amnistía o reforma del Código Penal. Tres planteamientos que han entrado en el debate público a raíz del juicio del 1-O al Tribunal Supremo como posibles vías para evitar que los doce líderes independentistas terminen años encarcelados, si la sentencia es condenatoria. El indulto es el perdón individual de la pena por parte del gobierno español, no lo tiene que pedir necesariamente el condenado y la ley que lo regula no menciona como requisito que deba mostrar arrepentimiento. Una ley de amnistía permitiría anular los efectos del delito para todos los acusados ​​mientras que la reforma del Código Penal podría revocar la condena. Los partidos independentistas rechazan el indulto y piden la amnistía; PP y Cs oponen a cualquier posibilidad de rebajar una hipotética condena; los socialistas niegan la amnistía y evitan descartar el indulto mientras que los comunes plantean reformar el Código Penal para que quede explícito que la rebelión y la sedición deben ser con armas, cambio que tendría efectos retroactivos y podría revocar la condena. ¿Qué implica exactamente cada opción?
El indulto supone el perdón individual de la pena por parte del gobierno español, que les concede por decreto aprobado en el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia. Aunque la decisión es del ejecutivo, formalmente, es el rey quien los otorga. «Es una medida de gracia, de carácter excepcional, consistente en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia», expone el Ministerio de Justicia en el formulario en el que explica el trámite.

Un indultado no deja de ser considerado culpable y mantiene los antecedentes penales pero evita cumplir la totalidad de la condena. La Constitución prohíbe conceder indultos generales. Se trata de una concesión que se hace al individuo y no a un grupo de condenados ni a todos aquellos que han cometido un mismo delito. Hasta que no hay sentencia firme -sería el caso de la decisión del tribunal presidido por Manuel Marchena- no se puede conceder. Por lo tanto, un indulto dejaría fuera a los líderes independentistas en el extranjero.

Según la ley que regula el indulto, que data de 1870, no es un requisito que el indultado muestre arrepentimiento pero es un elemento que el ejecutivo suele tener en cuenta. Tampoco es necesario que sea el propio condenado quien lo solicite, también lo pueden hacer sus familiares o cualquier persona en su nombre -sin que tenga que acreditar que el representa ni que tiene su consentimiento-, el tribunal sentenciador, el Supremo, la fiscalía, el juez de vigilancia penitenciaria o el gobierno español.

Antes de conceder un indulto, es necesario que el tribunal y la fiscalía emitan un informe. También se pide la opinión de la víctima, cuando los hay, y de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario, si el condenado está en prisión. Fuentes del Ministerio de Justicia han explicado a la ACN que el criterio del actual ejecutivo español es conceder indultos sólo cuando los informes de las autoridades judiciales son favorables y, aseguran, así ha hecho en «la amplísima mayoría» de casos. Sin embargo, los informes no son vinculantes y no es un requisito legal para que se conceda el indulto. «Con el indulto todo es posible, ya que es muy discrecional», explica la profesora titular de derecho procesal en la UAB, Carmen Navarro.

39 indultos este año

Durante el primer semestre de 2019, el gobierno español ha concedido 39 indultos, según datos del Ministerio de Justicia, que puntualiza que ninguna ha concedido mientras el ejecutivo de Pedro Sánchez ha estado en funciones. El conjunto de 2018 se concedieron 17 y, en 2017, fueron 26. Los indultos que aprueban son una ínfima parte de las solicitudes que recibe el gobierno español, ya que rechaza la inmensa mayoría. Entre 2007 y 2017 sólo ha indultado el 4,9% de los solicitantes.

Reforma de la ley de indultos

El Congreso ha abordado los últimos años la posibilidad de reformar la ley de indultos para incluir el veto a la posibilidad de indultar a los autores de ciertos delitos, por ejemplo, los políticos condenados por casos de corrupción o en casos de violencia machista . A raíz del juicio del 1-O, el PP y Cs han planteado prohibir la concesión de indultos a condenados por delitos de rebelión o sedición. El indulto es una figura «criticada y discutible», explica Navarro, porque hay quien la considera arbitraria y una rendija de la separación de poderes mientras que otros juristas que la defienden la ven útil para evitar un excesivo rigor de las normas penales.

La amnistía, el olvido del delito

A diferencia del indulto, que no conlleva el olvido del delito, la amnistía implica la extinción de todos sus efectos y no sólo anula la pena sino también los antecedentes penales. No está contemplada en el ordenamiento jurídico español y hay juristas que cuestionan su constitucionalidad. El precedente más reciente de amnistía es la de 1977 durante la transición democrática.

La amnistía está vinculada a determinados momentos de cambio, conflicto o refundación política, según apuntan autores que han abordado la materia. Se debería acordar a través de una ley aprobada en el Congreso e implicaría que exime de responsabilidad todos aquellos acusados ​​o condenados por los delitos que recoge la ley de amnistía. Por lo tanto, debería incluir los líderes independentistas en el extranjero y podría implicar la anulación de las otras causas abiertas contra el independentismo.

Reforma del Código Penal

Otra vía sería la de la reforma del Código Penal. Una revisión o eliminación de los delitos de rebelión o sedición podría implicar que los presos quedaran en libertad. Según apunta la profesora de la UAB, el principio de retroactividad de la ley penal cuando la norma es más favorable al condenado podría tener unos efectos similares a la amnistía y dejar sin efecto las penas después de que los condenados presenten un recurso al Supremo para que reinterprete los hechos según la nueva definición del delito, lo que podría revocar la condena. La redefinición de los delitos debería aprobarse por mayoría absoluta en el Congreso.

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