La Audiencia Provincial expulsa al Ayuntamiento de Barcelona del caso que juzga la actuación policial del 1-O

Marc Serra, concejal de Derecho de la Ciudadanía del ayuntamiento de Barcelona. / Miquel Codolar

Miquel Codolar.-  La Audiencia provincial ha comunicado al Ayuntamiento de Barcelona a través de un auto que lo expulsa del caso que juzga la actuación policial durante el 1 de octubre de 2017 y donde el consistorio era acusación popular . El concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, ha dicho que «es una muy mala noticia para los más de 300 vecinos heridos el 1 de octubre» por los que «de alguna forma se había iniciado un proceso de reparación de los sus daños «. En una comparecencia en el Ayuntamiento de Barcelona Serra ha atribuido el avance de la causa a «el buen trabajo de los abogados» del consitorio y ha criticado que mientras tanto «un partido fascista como VOX» sigue «ejerciendo la acción popular en el Tribunal Supremo «. El consistorio estudiará la mejor manera para recorrer.
«Si la causa sigue abierta, si se ha iniciado un proceso de verdad, si se ha conseguido imputar 50 agentes, y que ocho máximos mandos estén dando explicaciones, en buena parte es por el buen trabajo realizado por los abogados que representan el Ajunatment de Barcelona «, ha manifestado Serra. Según el concejal, «sin esta acusación popular la causa estaría cerrada» para que la Fiscalía «en vez de defender la legalidad ha intentado obstruir ello, bloquearlo y forzar un archivo».

El concejal se ha referido a que hay un debate «no cerrado» sobre la legitimación que tienen las adminsitración públicas de ejercer las acusaciones populares. Serra expuso que tanto el juez de la Instrucción número 7 como la Audiencia Provincial habían dado legitimidad al consistorio. En cambio indicó que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, así como alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estaban en contra. Sierra dijo que ante esta «disparidad de criterios» la Audiencia Provincial ha decidido fijar el criterio expulsando el Ayuntamiento.

«La ciudadanía no entiende cómo puede ser que un partido fascista como VOX esté en el Tribunal Supremo, en la causa judicial contra los presos políticos, ejerciendo la acción popular, y en cambio un Ayuntamiento de Barcelona que trabaja con la defensa de los derechos humanos, y con el único interés de reparar los 300 vecinos y vecinas heridos, se le expulse de la causa «, remachó Serra.

La decisión de la Comisión de Unificación de Criterios ha sido clave

La Comisión de Unificación de Criterios, formada por un magistrado de cada una de las secciones penales, planteó la necesidad de unificación de criterio sobre los avales de una personación como la del Ayuntamiento de Barcelona. El presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona convocó un Pleno No Jurisdiccional Penal, donde participan todas las magistradas y todos los magistrados de la Audiencia Provincial.

En el debate de la sesión se llegó al acuerdo firmado el pasado 22 de noviembre que la personación como acusación popular de una persona jurídica pública como el Ayuntamiento de Barcelona «exige una habilitación expresa con rango de ley que delimite objetivamente y subjetiva del ejercicio de la acción penal, sin aceptar una mera conexión entre el delito y el ejercicio de competencias atribuidas al ente público «.

Una semana después, con fecha del 28 de noviembre, se firmó el auto donde el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona estima el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado con la adhesión del Ministerio Fiscal contra un auto anterior y comunica la «falta de legitimación del Ayuntamiento para el ejercicio de la acción popular en este procedimiento» en referencia a la causa del 1-O.

El documento expone que el Ayuntamiento de Barcelona fue considerado una parte que se podía personarse como acusación popular según una providencia firme del 14 de febrero de 2018, y que así lo había defendido con su Carta Municiapal. Tras explicar cuáles han sido los argumentos a favor y en contra de su decisión, la Audiencia Provincial argumenta la decisión, en base, entre otros argumentos, al acuerdo de la Comisión de Unificación de Criterios.

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