Desarticulan una organización criminal dedicada al tráfico de personas, con más de 1.000 víctimas explotadas

Ha habido 12 detenciones y registros en varios países europeos

Imagen de archivo de una operación policial. / Mossos

Los Mossos y la Guardia Civil han desarticulado una organización transnacional dedicada al tráfico de personas. Se han identificado más de 1.000 víctimas, entre las que mujeres embarazadas y menores, que eran abandonadas cuando no podían pagar la cantidad exigida por los explotadores. Principalmente provenían de países africanos. Eran captadas en origen para trabajar de manera irregular y en precario. Ha habido 12 detenciones, así como registros en varios países europeos. En concreto, ha habido registros en las demarcaciones de Burgos, Lleida y Barcelona, ​​así como tres en Portugal, dos en Alemania y una detención en los Países Bajos. Los investigadores estiman que la organización obtuvo unos beneficios de medio millón de euros.

La investigación comenzó a finales de 2018 y ha concluido en el mes de mayo, cuando ha finalizado la investigación conjunta entre los Mossos y la Guardia Civil. Detectaron la presencia de una organización que trasladaba a Francia bajo coacción un número elevado de personas indocumentadas.

Las víctimas eran principalmente provenientes de países africanos, entre las que era habitual encontrar menores y mujeres embarazadas. Eran captadas en origen para trabajar de manera irregular y en precario. Las trasladaban al Estado, desde donde las transportaban posteriormente en Francia, Bélgica y Alemania. Entonces exigían un pago de entre 500 y 750 euros. Incluso habían llegado a abandonar durante un viaje un menor que no había podido pagar toda la cantidad exigida.

Una parte de esta organización estaba establecida en el Estado, formada principalmente por personas subsaharianas que residían en la demarcación de Lleida, donde disponían de un piso a cargo del jefe de la organización en la localidad de Rosselló (Segrià). Disponían de un segundo inmueble en Mataró, donde vivían el resto de miembros de la organización.

Cada integrante de la red tenía un rol diferenciado y obedecía a una jerarquía clara. El líder a nivel internacional, conocido como la cabeza, era un hombre de origen centroafricano que residía en Portugal y Alemania. Tenía antecedentes en otros países europeos por favorecimiento de la inmigración irregular y presumía de llevar 25 años dedicado a la misma actividad. Para incrementar los beneficios había puesto en marcha una estructura societaria e inmobiliaria que les había permitido captar también personas de origen asiático (generalmente nepaleses, hindúes y pakistaníes), a los que trasladaban desde Alemania en la Península Ibérica, mayoritariamente en Portugal.

Con esta infraestructura realizaban viajes España-Alemania-España-Portugal. Para ello utilizaban furgonetas alquiladas o alguno de los doce vehículos de la organización a nombre de otras personas, que sobrecargaban con personas y bidones de combustible, para maximizar los beneficios por trayecto. Se han contabilizado unos 90 viajes con más de 1000 víctimas.

La organización tenía normas muy estrictas. Estaba establecido cuál era la cantidad a abonar y como se había de hacer el pago, no había que hablar con las autoridades si los identificaban y tenían que utilizar un destino ficticia. Además, no utilizaban sistemas de retención para poderse ocultar rápidamente en caso de presencia policial (especialmente con respecto a niños y bebés). Los menores de siete años debían ir sentados encima de otro ocupante -generalmente una mujer- pero pagaban igualmente su trayecto.

La operación ha tenido una gran complejidad por su alcance geográfico y temporal, ha sido dirigida por un juzgado de Tremp e impulsada por la fiscalía de Lleida. La coordinación internacional se ha hecho a través de Eurojust, con la participación de policías y órganos judiciales de España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania.

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