El juez del 'caso 3%' propone juzgar Gordó, Osàcar, Viloca, CDC, PDeCAT y varios ex cargos del Gobierno y empresarios

La Audiencia Nacional ve indicios de organización criminal, fraude, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo

Daniel Osàcar entrando en la prisión de Brians 2 el pasado mes de junio. / Pol Solà

Pol Solà / Barcelona .- La Audiencia Nacional propone juzgar los ex gerentes y ex tesoreros de CDC Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germán Gordó, al ex responsable jurídico del partido Francisco Javier Sánchez Vera, así como otras 28 personas físicas y 16 jurídicas, por delitos de organización criminal, fraude en las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el denominado 'caso 3%', la estructura puesta en marcha para financiar «ilegalmente y de forma encubierta» la citada formación política. El magistrado dirige la causa, entre otros, contra varios ex altos cargos políticos y funcionarios de administraciones públicas de Cataluña la misma CDC, el PdeCat, las empresas Teyco, Urbaser, Fundación ACS, grupo Soler Constructoras o Copisa.

El auto del juez José de la Mata, de 304 páginas, pone fin a una investigación que se inició en 2015 en relación con determinadas actuaciones irregulares de personas vinculadas al Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) y que ha concluido con esta resolución en la que el juez describe la operativa desplegada por los investigados en al menos 31 adjudicaciones de obra pública sospechosas entre 2008 y 2012 que supusieron el 7,7% de la financiación global del partido. Además, archiva la causa para cinco personas físicas y una jurídica.

Entre la treintena de adjudicaciones investigadas destacan el contrato de recogida de basuras de Olot; el mantenimiento de escuelas de Barcelona; obras en centros educativos de Manresa, Vila-seca, El Vendrell, Sant Celoni, Sant Hipòlit de Voltregà y Sabadell; el proyecto de la estación del AVE en Girona; un CAP de Mataró y uno en Prats de Lluçanès; un centro cívico en Sant Fruitós de Bages; el dique Este y la ampliación de los accesos Sur del Puerto de Barcelona; la remodelación de la avenida Paral·lel, la plaza de las Glòries y tramos de carril bici en Barcelona; la prolongación de los FGC en Sabadell; obras en la carretera C-55 en Manresa y otros; una carretera de la Diputación de Barcelona; el Campus Diagonal Besòs de Barcelona; un parque en Lloret de Mar; una piscina en Figueres; pisos sociales en Sant Cugat del Vallès; el ISPC en Mollet del Vallés; o el hospital Sant Pau de Barcelona.

Los tres escalones de la organización criminal

De la Mata señala que altos cargos de CDC, en connivencia con responsables públicos y funcionarios de diferentes administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con diferentes empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político «ilegalmente y en forma encubierta ».

En el más alto nivel de la organización, el juez incluye a los responsables del partido Gordó, Osácar y Viloca, que llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofrecidos por diferentes administraciones del ámbito territorial catalán , todas bajo la esfera de poder de CDC (ayuntamientos, diputaciones u organismos dependientes de la misma Generalitat), y «influían en sus responsables para conseguir que fueran adjudicadas a las empresas conniventes o asociadas a este pacto criminal». Ellos, según el juez, llevaban las cuentas, materializaban el seguimiento de deudas pendientes, en las adjudicaciones dadas y, «por supuesto, recibían los pagos».

En un segundo escalón, el magistrado sitúa las autoridades de estas administraciones que, de acuerdo con los responsables de CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraron efectivamente concursos públicos con el fin de «dirigirlos» hacia las compañías de los empresarios conniventes. Aquí se sitúan personas como Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructuras de la Generalitat del 2011 al 2016; Joan Lluís Quer, presidente de Infraestructures.cat del 2011 al 2015; Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona del 2011 al 2018 y ex senador de CiU; o Antoni Vives, ex teniente de alcaldía de Barcelona.

En el tercer escalón, el instructor incluye el grupo de los empresarios que, sistemáticamente, se concertaron con altos cargos de CDC para hacer pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones vinculadas a CDC, CatDem y Fundación Forum Barcelona. Aquí se sitúan empresarios como Sergio Lerma, Josep Manel Bassols, Félix Paquina, Jordi Sumarroca, Antonio García Bragado, Joan Maria Pujals, ex consejero de Cultura en los gobiernos de Pujol, entre otros. Entre las empresas procesadas hay Teyco, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructora, COPISA, TEC Cuatro, Oproler, Pasquina, entre otros.

Todos los investigados eran necesarios para cerrar el círculo de las actividades delictivas y, según argumenta de la Mata, desarrollaron estas acciones dirigidas a un solo objetivo: «subvertir el estado de derecho y, mediante un intenso abuso de poder, utilizar la dirección de las administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto de los dirigentes del partido político, consiguiendo un «financiación ilegal» para el mismo, implicando un grave descrédito a la administración pública y un perjuicio al erario público ».

El mismo patrón de actuación a lo largo del tiempo

El juez detalla todas las adjudicaciones y donaciones investigadas a lo largo de estos años, siguiendo una metodología en la que ha analizado los documentos intervenidos de licitaciones y adjudicaciones en el despacho del ex tesorero de CDC Andreu Viloca, ha identificado las empresas a las que se han adjudicado los contratos y ha examinado las reuniones entre los tesoreros con los empresarios, así como las donaciones de estas empresas a Convergencia.

El magistrado destaca la íntima relación temporal y causal entre los anuncios, las publicaciones de los concursos, las reuniones entre los actores descritos, la adjudicación del contrato de obra o servicio investigado y las consecuentes donaciones a las fundaciones vinculadas a CDC.

De la Mata hace constar en su escrito que no siempre existía una exacta concatenación temporal entre los pagos y las, al menos, 31 adjudicaciones incluidas en el auto, para que las donaciones no están necesariamente vinculadas a adjudicaciones sino a mantener la buena relación con el partido y «situar o mantener a la empresa en posición de acreedor de cara a futuras adjudicaciones».

Una organización criminal estable y sostenida en el tiempo liderada por tres ex gerentes

El titular de Juzgado Central de Instrucción número 5 sitúa Gordó, Osácar y Viloca al frente de una estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo, con un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado por los responsables del área económica-financiera de CDC, para financiar ilícitamente el partido mediante la «venta» de influencias en la adjudicación de contratos públicos. Con posterioridad, Sánchez Vera se integró en la organización criminal desde su incorporación a CDC como responsable económico y jurídico.

De la Mata subraya que la trascendencia de esta organización en el desarrollo de la vida de CDC era muy relevante: los ingresos de CDC que tuvieron origen en sus fundaciones vinculadas significaron una fuente de financiación del partido que supuso, en el período comprendido entre los ejercicios 2008 a 2012 (ejercicios de que se dispone información), una media del 11,5% del «financiación privada» del partido y de un 7,7% en la financiación total (público más privado) .

Se trata, indica el juez, «de una operativa sostenida en el tiempo, de carácter sistémico, que permanece inalterable con independencia de los relieves que se puedan producir en las personas integrantes de las estructuras en el seno de las cuales se ejecuta. La mejor evidencia de esto es que los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos objeto de investigación, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las personas que participaban ».

El juez destaca la influencia que ejercían los responsables de finanzas del partido con los funcionarios, una relación con suficiente peso o fuerza para poder exigirles llevar a cabo determinadas actuaciones, ya que todos ellos eran conscientes de las consecuencias que seguir o no las indicaciones del tesorero o responsable de finanzas o gerente del partido podría tener sobre las perspectivas futuras en su carrera profesional o política.

CDC y PDeCAT, personas jurídicas investigadas

El juez en su escrito procesa 16 personas jurídicas que, sistemáticamente, dice, se concertaron con altos cargos de CDC para alterar en perjuicio de intereses públicos los procesos de contratación pública, recibiendo adjudicaciones de licitaciones y concursos públicos de las diferentes administraciones gobernadas por CDC a cambio de efectuar pagos al partido.

Estas donaciones, indica el magistrado, se intentaban difuminar, por un lado mediante su ingreso a través de diferentes empresas pertenecientes al mismo holding y, por otra parte, efectuando los ingresos a través de las diferentes fundaciones que tiene CDC por obtener financiación, CatDem y Fundación Fórum Barcelona.

En relación con CDC, el juez detalla la operativa desplegada para obtener la financiación de manera irregular. Recuerda que no disponía de un mero protocolo de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de todos los actos, como ya advirtió el Tribunal de Cuentas en sus informes por las irregularidades de los pagos realizados al partido a través de donaciones. El juez destaca que la operativa se ha mantenido en el tiempo, incluso después de los hechos investigados en el caso Palau, por lo que se puede concluir que los cargos con responsabilidad en el partido «no deberían emprendido ninguna iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante once años ».

En relación con el PDeCAT, fue en julio de 2016, apunta el juez, cuando se toma la decisión en el seno de CDC de cesar en su actividad para fundar este nuevo partido, pese a lo cual hay una aparente identidad, señala el magistrado, entre las dos formaciones. Esto permite, indiciariamente, afirmó que la creación del PDeCAT, lejos de corresponder con el nacimiento de un nuevo partido, «se corresponde con la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad con el fin de desconectarse de las responsabilidades en que pudiera haber incurrido la formación política precedente, CDC ».

Paso a procedimiento abreviado de la pieza Infraestructuras de la Generalitat

El magistrado acuerda también el paso a procedimiento abreviado de la pieza Infraestructuras de la Generalitat, vinculada al 'caso 3%' respecto de 18 personas físicas por delitos de organización criminal o asociación ilícita, fraude en las administraciones públicas, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Entre los procesados ​​destacan Joan Lluís Quer, presidente de Infraestructures.cat del 2011 al 2015, y Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructuras de la Generalitat del 2011 al 2016 y ex directivo del canal Segarra-Garrigues. Rosell, además era militante de CDC.

Esta pieza, procedente del juzgado número 1 de El Vendrell, ha investigado la adjudicación por parte de Infraestructuras de determinados contratos, principalmente ingenierías, a cambio del pago de comisiones entre 2008 y 2015 en una decena de adjudicaciones irregulares.

En concreto, explica el juez en un auto de 146 páginas, ciertas empresas de ingeniería, en el entorno de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca), configuraron entre los años 2008 y 2015 un cártel colusorio al que denominaron 'Nuria Bofill', por pactar los precios que utilizarían en sus aplicaciones a los concursos públicos licitados por ciertas administraciones y empresas públicas.

Los integrantes de este pacto colusorio, continúa, pactaron durante años las normas o directrices a seguir cuando optaran a licitaciones de ciertas administraciones, con el objetivo de evitar la libre competencia y así obtener un contrato más beneficioso que el que habrían obtenido en condiciones de igualdad, es decir, si cada mercantil hubiera preparado su oferta de forma totalmente independiente.

Este pacto anulaba, por tanto, la competencia de los no integrantes, y se fue extendiendo a varios organismos públicos, observando como en un origen sólo afectaba a GISA y REGSA, y terminó extendiéndose a GISA (Obra Civil, Edificación , Medio Ambiente), ACA, ATLL, REGSA, Ayuntamiento de Barcelona, ​​CAT, Tabasa, IFERCAT, o el Servicio Territorial de Carreteras y Ferrocarriles de la Generalitat.

Este cártel colusorio 'Nuria Bofill ha pretendido y conseguido repartirse y fijar los precios, de manera indirecta, explica el juez, en las licitaciones públicas de ciertos organismos públicos de Cataluña, mediante el establecimiento o concierto de precios idénticos o muy similares con el objetivo de anular la competencia de los no integrantes del pacto.

El concierto llevado a cabo por estas mercantiles para pactar el precio de las licitaciones habría comportado la alteración de las cuantías desembolsadas por la administración pública por los proyectos de obra pública ofrecidos en los que estas empresas se presentaban, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas.

Se trata, añade De la Mata, de una estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo, con un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado por las personas indicadas, para dirigir la adjudicación de contratos públicos en beneficio de una serie de empresas de su confianza, con las que habían llegado a un pacto colusorio para defraudar la administración pública.

En ambos casos, el magistrado de la Audiencia Nacional da un plazo de 30 días a la Fiscalía ya las partes acusadoras (CUP y Ayuntamiento de Barcelona en el 'caso 3%') para que presenten sus escritos de acusación o el sobreseimiento de la causa.

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