Presentan una querella contra la subcontratista de Endesa que se hace pasar por los juzgados para cobrar deudas

La APE dice que la llamada puede suponer un delito de coacciones y usurpación de funciones y la eléctrica también lo ha denunciado

El caso denunciado afecta a una vecina de Cubelles. / GM

La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) ha presentado este jueves una querella contra los cobradores de Endesa que supuestamente se hicieron pasar por funcionarios judiciales por teléfono para hacer pagar la deuda con la compañía eléctrica que tiene una abonada de Cubelles (Garraf ). Según la entidad, Endesa, a través de sus cobradores, va «amenazar» por teléfono la mujer «haciéndose pasar por funcionarios judiciales». La APE ha querellado contra DPS Consulting -también llamados Padres-Seixes Abogados-, el despacho jurídico al que se derivaba la mujer en la llamada.

La Yolanda, vecina de Cubelles, recibió una llamada donde le amenazaban con embargarle todas las cuentas y retirarle el contador. Tiene una deuda desde el 2015 de más de 2.000 euros, está en situación de vulnerabilidad y la siguen desde Servicios Sociales, indicó la APE, que tiene la llamada que recibió Yolanda grabada.

En la llamada, la persona se identifica como personal de «notificaciones y embargos del juzgado», y le dice que tiene dos disposiciones judiciales para notificarle. También le dice que en menos de una semana intervendrán todas sus cuentas, así como la nómina o cualquier prestación que reciba del Estado. La persona que llama también asegura que un abogado y un procurador de Endesa se han presentado en los juzgados con una denuncia por facturas impagadas y que le retirarán el contador. El avisa que será «procesada en sede judicial». La alternativa, continuaba, es que pague la deuda. Asimismo le trasladaba el teléfono al que se había dirigirse para evitarlo, que redirigía a DPS Consulting, una de las empresas que se ocupan de los recobros de la compañía eléctrica, así como de otras suministradoras como Naturgy o Agbar.

Desde que la grabación llegó a las manos del APE, la entidad consideró que su contenido puede ser constitutivo de una serie de delitos y, por ello, han acompañado Yolanda, en colaboración con Raíces Abogadas, en la interposición de la querella. Entre los posibles delitos cometidos está la usurpación de funciones públicas, la realización arbitraria del propio derecho y las coacciones, que pueden conllevar penas de hasta tres años de prisión.

En su momento, la APE ya denunció este tipo de conductas, que las familias afectadas conocían perfectamente, ante el Síndic de Greuges. Su respuesta, en forma de resolución de noviembre de 2018, alertaba de "las prácticas irregulares y éticamente inaceptables que ejercen algunas compañías suministradoras sobre personas vulnerables por medio de agencias de cobro" y establecía que "las empresas suministradoras no deberían ceder a terceros ni la deuda ni las gestiones de reclamación de la deuda generada por el impago de los suministros básicos de las personas que han acreditado debidamente que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión residencial ".

Fuentes de Endesa han asegurado a la ACN que ésta no es «en absoluto» su forma de trabajar ni tampoco se corresponde con los protocolos, las normas deontológicas y los criterios éticos que exige a sus empresas colaboradoras. La eléctrica ha denunciado el caso a la fiscalía para la actuación de la subcontratista puede dañar su imagen y honor. De momento, sin embargo, no ha tomado ninguna medida concreta con la empresa subcontratada.

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