El Parlamento declara que Cataluña «no reconoce ningún rey" y denuncia la connivencia del Estado con la fuga del emérito

La cámara catalana pide que se retire el título a Juan Carlos I y que pierda el aforo

Un momento de la votación en el pleno monográfico sobre la monarquía. / Guillem Roset

El Parlamento ha declarado este viernes que Cataluña es «republicana» y que no «reconoce ni quiere tener ningún rey». Con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP y los votos contrarios de Cs, PSC, CatECP y el PPC, la cámara ha avalado una propuesta de resolución pactada entre los independentistas que denuncia la connivencia de los poderes del Estado en la «fuga consentida» de Juan Carlos I y que «el único camino para superar el régimen monárquico es constituir efectivamente la República catalana como un estado de derecho, democrático y social». El Parlamento también ha instado al Gobierno a reclamar al Ejecutivo español que retire la condición de rey emérito a Juan Carlos I y le suprima el aforo.

Los puntos aprobados también constatan el «fracaso» y la «crisis definitiva» del pacto constitucional del régimen del 78 que, «por su carácter irreformable», «blinda la continuidad de una monarquía delincuente, un sistema autonómico fallido y una democracia intervenida por poder judicial ».

La cámara catalana ha aprobado una propuesta de JxCat que condena las actividades «irregulares o delictivas» de los miembros de la casa real española y afianzar el compromiso con los «valores republicanos» y apuesta por la abolición de una institución «caduca y antidemocrática como la monarquía ». También un texto propuesto por ERC que denuncia que la monarquía española es «sucesora del régimen franquista y que el Rey ha participado concertadamente con el resto de poderes del estado en la represión y laminado los derechos del pueblo catalán».

El Parlamento también ha reprobado Felipe VI y «toda la dinastía borbónica por décadas de impunidad y de enriquecimiento ilegítimo utilizando las instituciones públicas y las figuras institucionales», así como la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, por «col Colaborar en la fuga de Juan Carlos I ». Esta propuesta de resolución de la CUP, que también ha recibido únicamente el apoyo del independentismo, señala el ejecutivo estatal de «cómplice de la impunidad perpetrada por la monarquía» y pide al Gobierno que trabaje para retirar del nomenclátor de las calles de Cataluña toda referencia a la Corona.

En cambio, se han rechazado las resoluciones presentadas por los comunes, que apostaban por cambios legislativos para regular el ejercicio de las funciones del jefe de Estado y su familia con el fin de garantizar la transparencia y «prohibir la realización de cualquier actividad económica o de intermediación para empresas », así como la apertura de cuentas en el extranjero y limitar la inviolabilidad de jefe de Estado. La abstención de JxCat, ERC y la CUP han provocado que Cs, PSC-Unidos y el PPC tumbaran la iniciativa.

Jordi Pujol y el 3%

La corrupción en Cataluña también se ha colado en el pleno de este viernes a través de los casos que han salpicado la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y la investigación abierta a la familia del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. El PSC ha pedido que la Generalitat se persone como acusación particular y ha obtenido el aval de toda la cámara excepto de la CUP, que se abstuvo.

Cs también ha aprovechado una propuesta de resolución para pedir al Gobierno que emprenda acciones legales contra los responsables de los presuntos casos de corrupción del 'caso 3%' y de los Pujol. Este punto ha prosperado con el voto a favor de todos los grupos excepto JxCat, que ha votado en contra. En cambio, no ha fructificado el intento del grupo naranja de reprobar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por haber forzado este pleno aunque el Parlamento no tiene competencias sobre la Casa Real.

Por el contrario, se han rechazado las propuestas de resolución presentadas por el grupo del PPC. El subgrupo parlamentario reclamaba que el Parlamento «afianzar» el compromiso con la monarquía parlamentaria y condenara «los ataques de los que pretenden desestabilizar el sistema institucional». También querían reivindicar la «lealtad» del Parlamento con la monarquía «como forma política del Estado español que recoge el artículo 1 de la Constitución» y la figura del jefe del Estado como pieza "clave" en la " recuperación de las libertades y la concordia »del país.

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