La fiscalía del Tribunal de Cuentas rebaja de 9 a 3,4 millones la responsabilidad de los excargos del Gobierno por el 1-O y la acción exterior

La demanda afecta a 35 personas por 29 gastos y no se incluyen viajes al extranjero

El exconseller y abogado Francesc Homs en la salida del Tribunal de Cuentas, el 29 de junio de 2021 / Andrea Zamorano

La fiscalía del Tribunal de Cuentas (TdC) ha rebajado de 9 a 3,4 millones de euros la supuesta responsabilidad contable contra los 35 ex altos cargos de la Generalitat por la organización del 1-O y de la acción exterior de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont. El ministerio público ha presentado su demanda y justifica la rebaja porque se ciñe estrictamente a los hechos probados en la sentencia del Supremo o constatados y atribuibles a personas en concreto, dejando al margen actos culturales y viajes al extranjero donde se defendió el derecho a la autodeterminación. La demanda consta de 130 folios y se agrupa en más de 29 conceptos contables procedentes de la sentencia del Supremo y de la investigación sobre la acción exterior.

La fiscalía del Tribunal de Cuentas (TdC) ha rebajado de 9 a 3,4 millones de euros la supuesta responsabilidad contable contra los 35 ex altos cargos de la Generalitat por la organización del 1-O y de la acción exterior de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont. El ministerio público ha presentado su demanda y justifica la rebaja porque se ciñe estrictamente a los hechos probados en la sentencia del Supremo o constatados y atribuibles a personas en concreto, dejando al margen actos culturales y viajes al extranjero donde se defendió el derecho a la autodeterminación. La demanda consta de 130 folios y se agrupa en más de 29 conceptos contables procedentes de la sentencia del Supremo y de la investigación sobre la acción exterior.

Tiene dos partes diferenciadas porque deriva de dos procedimientos distintos con dos actas de liquidación diferentes y con personas demandadas sólo en parte coincidentes. La primera parte de la demanda corresponde al encargo del Supremo que condenó a los miembros del Gobierno de la Generalitat, entre otros, por malversación de fondos públicos como consecuencia del gasto de la preparación del referéndum de autodeterminación 1 de octubre de 2017. El Supremo derivó al Tribunal de Cuentas la ejecución de la responsabilidad civil.

Los tres criterios seguidos por la fiscalía parten del propósito de racionalidad jurídica y unidad de actuación en los siguientes términos: depurar los hechos para evitar una doble imposición y aclarar conceptos en hechos y responsabilidades que en ocasiones están relacionados entre sí; respetar y aplicar el principio de unidad de acción de la fiscalía, no sólo en el ejercicio de la demanda ante el propio Tribunal de Cuentas, sino también en los distintos procedimientos abiertos a la jurisdicción penal sobre los mismos hechos o hechos concurrentes; y establecer un principio de seguridad jurídica, recogiendo el mismo criterio que el TS con respecto a los hechos probados de la sentencia, condenas y autoría de las mismas.

Exconsejeros afectados

La demanda postula la responsabilidad contable de los exconsejeros condenados por el Supremo por malversación: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Se les considera responsables solidarios de los gastos en base al criterio fijado en la sentencia del Supremo. La demanda no se dirige contra los exconsejeros absueltos de malversación: Josep Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs.

La demanda incluye también a los exconsejeros en el exilio que, siguiendo el criterio de la sentencia del alto tribunal, pusieron sus departamentos al servicio «de actos nucleares de ejecución»: el de Cultura, Lluís Puig, y el de Salud, Toni Comín. Respecto a estos consejeros no hay pronunciamiento, ya que no han sido enjuiciados, pero sí hay un camino marcado por la sentencia del TS.

La ex consellera de Educación Clara Ponsatí no consta que participara a través de su departamento, por lo que no se formula ninguna demanda contra ella. Al expresidente Carles Puigdemont se le imputa a la demanda en atención a su condición de responsable máximo de la Generalitat. A la ex consellera de Agricultura Meritxell Serret no se le imputa un delito de malversación, porque está pendiente de juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). No se formula ninguna demanda contra ella por el momento.

Por otra parte, no se formula ninguna demanda contra las interventoras de la Generalitat que sí figuraban en la primera acta de liquidación el tribunal porque, según los informes de los peritos interventores que auxilian a la fiscalía del Tribunal de Cuentas, no queda acreditado que hayan fiscalizado el gasto en alguna de las fases de ejecución del gasto público.

En cuanto al ex secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda Josep María Jové ya la ex directora de servicios del mismo departamento y actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga, quedan excluidos de la demanda, ya que a pesar de estar incluidos en el acta de liquidación provisional en relación con los gastos del 'call center' habilitado en el CTTI para recoger datos del referéndum, no se incluye en la demanda ya que no fue objeto de condena por el Supremo. Es el caso también de Francesc Sutrias, ex director general de Patrimonio, a quien no se le exige responsabilidad por la exclusión de los gastos relativos a Unipost y al 'call center'.

Gastos finalmente excluidos

Hay tres gastos incluidos inicialmente en la liquidación provisional y ahora descartados. La primera es la del call center. La cantidad que se descarta en la demanda, al no haberse acreditado que el gasto tuviera relación exclusiva con el referéndum, no figura en los gastos incluidos en la sentencia del Supremo, a pesar de que fue objeto de acusación por la acusación popular de Vox, por lo que el TSJC le excluyó del auto de procesamiento en el procedimiento penal seguido por estos hechos y tampoco es objeto de acusación en el procedimiento seguido ante el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

Por otra parte, la sentencia del Supremo ve acreditado que la Generalitat encargó a la empresa de mensajería Unipost, «en la oculta y clandestina forma con la que intentaba disimular los gastos del referéndum», la distribución de cartas certificadas con designación de cargos en las mesas electorales y sobres ordinarios con tarjetas censales. Se considera acreditado, como lo hace la sentencia, que la prestación no llegó a ejecutarse. Es más, consta la anulación de las facturas, la renuncia de la administradora concursal y el dato relevante que no figura en la masa activa del concurso de acreedores de Unipost. La fiscalía concluye por tanto que no hubo prestación y no existe ninguna posibilidad de reclamación.

El uso de locales públicos fue expresamente objeto de acusación en el juicio del 'proceso', pero el Supremo la excluyó en su sentencia por «la falta de determinación del efectivo perjuicio que ese uso hubiera supuesto». La propia instructora delegada del TdC la excluye sosteniendo que el uso de los locales como centros de votación no ha originado un daño a los fondos públicos de la Generalitat «al no haberse realizado el pago de cantidad alguna como contraprestación a utilizar- los».

Por el contrario, la demanda de la fiscalía sí recoge la partida destinada a la cartelería del referendo, contenida en la sentencia del Supremo, por la cantidad de 61.879 euros.

Por todo ello, el importe reclamado en esta parte de la demanda es de 1.219.838 euros, mientras que el importe de la liquidación provisional era de 3.903.294 euros y el reclamado por la acción pública ejercida por Societat Civil Catalana ( SCC) asciende a 3.466.335 euros. Se refiere a personas y hechos sólo parcialmente coincidentes.

Responsabilidad contable por la acción exterior

La segunda parte de la demanda deriva de la fiscalización efectuada por el Tribunal de Cuentas sobre la acción exterior de la Generalitat y el Diplocat, que incluye tanto los viajes realizados por el presidente y los consejeros de la Generalitat en épocas de Mas y Puigdemont, como las gastos efectuados por las diferentes delegaciones de la Generalitat en el extranjero y las diversas actividades del Diplocat, tanto los destinados a promocionar el proceso soberanista, según el informe de fiscalización, como otra serie de gastos. El criterio seguido por la fiscalía intenta ser coherente con las resoluciones judiciales, especialmente lo expuesto en la sentencia del Supremo y el de la delegada instructora del acta de liquidación provisional. Así, el ministerio público asegura haber mantenido cuatro principios: seguridad jurídica, libertad de opinión, análisis de la no invasión de la competencia exclusiva del Estado y unidad de actuación del ministerio fiscal.

El respeto al principio de seguridad jurídica determina que deba seguirse el mismo criterio respecto de las irregularidades análogas de las que se deriva una presunta responsabilidad contable, según el acta de liquidación complementaria respecto del criterio seguido por el Tribunal Supremo cuando esta responsabilidad contable se basa en una aplicación desviada de la finalidad pública comprendida en las competencias de la Generalidad en materia de acción exterior.

La fiscalía dice que su demanda respeta y aplica también un principio de libertad ideológica respecto a la finalidad de los desplazamientos para impartir conferencias o para asistir a debates, jornadas y presentaciones de libros, puesto que la mayoría de las actividades no pueden considerarse dirigidas exclusivamente a publicitar el proceso soberanista, sino que se enmarcan en la organización de un programa de viaje con un objeto y finalidad de carácter institucional en el ejercicio de sus funciones y, por otro, que las manifestaciones que se hicieran en el curso de estos debates, conferencias o declaraciones quedarían amparadas por el derecho fundamental a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, escrito o cualquier otro medio de reproducción.

En cuanto a los gastos atendidos por el Diplocat derivados de actividades en ámbitos parlamentarios, académicos y culturales, prácticamente todas las actividades consisten en actos coorganizados por el propio Diplocat con diversas instituciones, en gran parte con departamentos o institutos dependientes de universidades extranjeras y escuelas superiores u otros centros y entidades culturales.

Competencias sobrepasadas

Tanto el informe de fiscalización como el acta de liquidación provisional complementaria parten de que en el uso dado a los fondos públicos en el ámbito de la acción exterior de la Generalitat se incurrió en múltiples actividades que no tienen cabida en el ámbito competencial de la Generalidad. Se establece como criterio que dota de seguridad jurídica a la demanda que el hecho determinante a partir del cual se estima acreditado el exceso competencial es la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la ley de acción exterior de la Generalitat de 2014 mediante una provisión del 14 de abril de 2015.

Por último, tanto la Fiscalía de Barcelona como la de la Audiencia Nacional excluyeron la ilegalidad de muchos de los gastos, no sólo por la falta de acreditación de la irregularidad del gasto, sino especialmente en base al criterio de la sentencia del Supremo que afirmó que algunos gastos similares estaban amparados por la libertad ideológica. El trabajo de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha sido "minucioso" y ha atendido, por razones de coherencia, la postura procesal del ministerio fiscal en cada uno de los procedimientos en los que los posibles responsables resultaban investigados, encausados, acusados ​​o procesados ​​en el Tribunal de Cuentas , en la Audiencia Nacional o en los juzgados de instrucción números 1, 13 y 18 de Barcelona.

Según la fiscalía, la demanda se centra en los gastos de los que se puede sospechar incorrección contable, en los gastos en que incurrieron las delegaciones de la Generalitat en el exterior y en los gastos del Diplocat tanto por algunas actividades de promoción del proceso soberanista como por otros gastos injustificados. La demanda afecta a presidentes y consejeros de las dos legislaturas y, como en el caso anterior, a personas que ocupaban escalones intermedios en los departamentos afectados. La afectación a algunos de los responsables disminuye de forma considerable respecto del importe reclamado por la instructora. Respecto a la demanda de Sociedad Civil Catalana es necesario acotar concepto a concepto, ya que los demandados y las cuantías son divergentes.

El importe reclamado en esta parte de la demanda asciende a 2.209.503 euros, mientras que el importe de la liquidación provisional era de 5.150.711 euros y el reclamado por la acción pública ejercida por Societat Civil Catalana es de 1.843. 471 euros, y hace referencia a personas ya hechos sólo parcialmente coincidentes, por lo que no es posible realizar una comparativa.

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